El presidente Yoon declaró la ley marcial en Corea del Sur, citando las amenazas de Corea del Norte y las “fuerzas antiestatales” internas. Afirma que los intentos de destitución sin precedentes de la oposición y los recortes presupuestarios han paralizado al gobierno. Promete medidas rápidas para “reconstruir y proteger” a la República de Corea.
El índice de aceptación de Yoon ha sido bajo desde que llegó a la presidencia en 2022, sin embargo, su situación se ha vuelto crítica este año. Durante semanas, los pedidos de dimisión del presidente han ido en aumento en toda la sociedad. Más de 4.000 profesores universitarios e investigadores exigieron la dimisión del presidente, acusándolo de erosionar la democracia y priorizar el poder personal. Los líderes religiosos también se sumaron a la disidencia: más de 1.400 sacerdotes católicos criticaron públicamente a Yoon por fomentar la división religiosa y no defender la confianza de la nación. Estos pedidos se vieron amplificados por protestas públicas masivas, con unas 100.000 personas reunidas en Seúl a principios de noviembre para exigir su dimisión.
Muchos temen las consecuencias de la ley marcial. Para muchos, el anuncio evoca recuerdos dolorosos de declaraciones de ley marcial anteriores, como la represión del Levantamiento de Gwangju de 1980.
La ley constitucional declara que la Asamblea Nacional puede solicitar la revocación de la ley marcial y el presidente debe acatarla.
Pero ahora, la Asamblea Nacional está contenida por la policía.
